Cabanyal
VALENCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Mónica Oltra, aseguró hoy haber sufrido una agresión por parte de la Policía Local de Valencia durante las protestas que se están llevando a cabo en barrio de El Cabanyal por las actuaciones de derribo previstas en esta jornada.
La diputada indicó que, a pesar de identificarse como parlamentaria electa en las Corts Valencianes, un agente la tiró al suelo y que se golpeó en la cabeza, según aseguró en declaraciones a Europa Press. En este sentido, afirmó que mañana presentará una denuncia por estos hechos.
Oltra, que se concentró esta mañana en el segundo inmueble ubicado en la calle Vidal de Cañelles del barrio de El Cabanyal, número 15, pendiente de derribo tras entrar en vigor en esta jornada la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, aprobada en las Corts el pasado 24 de marzo, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico.
Según explicó la diputada, cuando la Policía intervino para desalojar a los concentrados, se identificó como diputada para señalar que goza de inmunidad, ante lo que lo que los agentes le han contestado: "ni diputada ni leches", aseguró. La síndica adjunta de Compromís señaló, no obstante, que no ha podido identificar a estos efectivos.
Oltra explicó que siente un fuerte dolor en la cabeza y en algunas extremidades, ya que tras caer al suelo, varias personas se precipitaron también sobre ella a causa de la actuación de la Policía, apuntó.
Por ello, dijo que mañana, cuando acuda a las Corts, presentará una denuncia ante los agentes de la Policía Nacional que realizan las labores de vigilancia en el edificio de la Cámara autonómica.
miércoles, 7 de abril de 2010
Los nuevos derribos desatan la guerra en el Cabanyal
Levante MEV. com
El Ayuntamiento da la orden el mismo día que entra en vigor la ley del Consell - La policía tuvo que reducir a los vecinos que se oponían
JOSÉ PARRILLA VALENCIA El conflicto del Cabanyal se convirtió ayer en guerra abierta. La decisión del Ayuntamiento de retomar los derribos se encontró con una fuerte resistencia del barrio y de los partidos de la oposición, cuyos líderes, al igual que decenas de vecinos, terminaron arrastrados por la Policía Local. Despejado el camino, las palas hicieron su trabajo y cinco inmuebles quedaron convertidos en solares, pero el problema permanece. A la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión,los enfrentamientos políticos se agudizan y el deterioro del barrio se acentúa.
La orden del Ayuntamiento de Valencia de derribar cinco viviendas situadas en el casco protegido del Cabanyal, aunque fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), se dio coincidiendo con la entrada en vigor (ayer se publicó en el DOGV) de la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, con la que el Consell ampara la prolongación de Blasco Ibáñez.
A las ocho de la mañana las máquinas de Secopsa, la contrata municipal, ya estaban ante el número 26 de la calle Luis Despuig y el 29 de San Pedro, colindantes uno con otro. Nadie había avisado de nada, sin embargo las vallas de la Policía Municipal prohibiendo el aparcamiento habían alertado a los vecinos, que a través de SMS se convocaron en la zona.
Treinta de ellos se colocaron ante el inmueble para evitar la acción de la excavadora, aunque el fuerte dispositivo antidisturbios de la Policía Nacional los retiró a la fuerza y se procedió al derribo.
La misma acción se repitió dos horas después en el número 15 de la calle Vidal de Cañelles, pero esta vez con el despliegue de muchos más vecinos y de los políticos de la oposición, entre los que estaba casi todo el Grupo Municipal Socialista, así como las diputadas de Compromís y Esquerra Unida Mónica Oltra y Marga Sanz.
Paralelamente, la plataforma Salvem el Cabanyal pedía al juzgado medidas cautelarísimas para detener los derribos y la Delegación del Gobierno anunciaba una iniciativa similar, provocando así el desconcierto de los presentes, que no entendían que el Gobierno ordenara cargar contra los vecinos dos horas antes y ahora intentara detener las máquinas.
Ambos recursos consiguieron, al menos, que el segundo derribo se aplazara a la espera de una decisión judicial. Fueron, de todas formas, horas muy intensas.
El momento de mayor crispación se produjo cuando se presentó ante los vecinos el concejal Alfonso Grau, que entre gritos de "fascista" y "corrupto" discutió con el portavoz de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, sobre la legalidad de su acción. Grau se enfrentó, así mismo, al concejal socialista Vicente González-Móstoles, al que acusó de mentir a los vecinos y haber apoyado esos derribos en un pleno. Móstoles respondió mostrando el acta donde se confirma que el PSPV propuso paralizar los derribos en todo el barrio y, "como mal menor", votó la contraoferta del PP de detener los derribos sólo en el BIC.
También se extendía la idea de que todo lo ocurrido ayer había sido programado por el consistorio para tapar el "caso Gürtell". "Con esta actitud de terrorismo el PP quiere tapar las vergüenzas que hoy se hacen públicas", dijo Mónica Oltra.
El juez da vía libre
Al final, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 desestimó la petición de Salvem el Cabanyal -"no está acreditada la urgencia", dice- y permitió seguir adelante con los derribos. Fue entonces cuando la Policía Local asumió el protagonismo de la intervención -la Policía Nacional se quedó en segundo plano- y advirtió a los políticos y a sus guardaespaldas que abandonaran la zona. Ellos se negaron al grito de "esto es ilegal" y en una acción sin precedentes fueron arrastrados violentamente fuera del cordon policial. Primero fue el secretario local del PSPV, Salvador Broseta, y le siguieron González-Móstoles, Marga Sanz y Mónica Oltra, que han anunciado, ambas, la presentación de una denuncia por agresión. Y tras ellos, decenas de vecinos que se resistieron como pudieron antes de ser reducidos.
Siete policías, uno de ellos con rotura de escroto, resultaron heridos, mientras que del lado contrario fueron arrestados dos jóvenes que se subieron al tejado y tuvieron que ser bajados con ayuda de una cesta de los bomberos entre aplausos de los presentes y leves cargas policiales
Eliminado el obstáculo, la pala tiró el edificio y los vecinos se fueron dispersando. Por la tarde, las máquinas tiraron los otros dos inmuebles de San Pedro y Luis Despuig ya casi sin presión.
El Ayuntamiento da la orden el mismo día que entra en vigor la ley del Consell - La policía tuvo que reducir a los vecinos que se oponían
JOSÉ PARRILLA VALENCIA El conflicto del Cabanyal se convirtió ayer en guerra abierta. La decisión del Ayuntamiento de retomar los derribos se encontró con una fuerte resistencia del barrio y de los partidos de la oposición, cuyos líderes, al igual que decenas de vecinos, terminaron arrastrados por la Policía Local. Despejado el camino, las palas hicieron su trabajo y cinco inmuebles quedaron convertidos en solares, pero el problema permanece. A la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión,los enfrentamientos políticos se agudizan y el deterioro del barrio se acentúa.
La orden del Ayuntamiento de Valencia de derribar cinco viviendas situadas en el casco protegido del Cabanyal, aunque fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), se dio coincidiendo con la entrada en vigor (ayer se publicó en el DOGV) de la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, con la que el Consell ampara la prolongación de Blasco Ibáñez.
A las ocho de la mañana las máquinas de Secopsa, la contrata municipal, ya estaban ante el número 26 de la calle Luis Despuig y el 29 de San Pedro, colindantes uno con otro. Nadie había avisado de nada, sin embargo las vallas de la Policía Municipal prohibiendo el aparcamiento habían alertado a los vecinos, que a través de SMS se convocaron en la zona.
Treinta de ellos se colocaron ante el inmueble para evitar la acción de la excavadora, aunque el fuerte dispositivo antidisturbios de la Policía Nacional los retiró a la fuerza y se procedió al derribo.
La misma acción se repitió dos horas después en el número 15 de la calle Vidal de Cañelles, pero esta vez con el despliegue de muchos más vecinos y de los políticos de la oposición, entre los que estaba casi todo el Grupo Municipal Socialista, así como las diputadas de Compromís y Esquerra Unida Mónica Oltra y Marga Sanz.
Paralelamente, la plataforma Salvem el Cabanyal pedía al juzgado medidas cautelarísimas para detener los derribos y la Delegación del Gobierno anunciaba una iniciativa similar, provocando así el desconcierto de los presentes, que no entendían que el Gobierno ordenara cargar contra los vecinos dos horas antes y ahora intentara detener las máquinas.
Ambos recursos consiguieron, al menos, que el segundo derribo se aplazara a la espera de una decisión judicial. Fueron, de todas formas, horas muy intensas.
El momento de mayor crispación se produjo cuando se presentó ante los vecinos el concejal Alfonso Grau, que entre gritos de "fascista" y "corrupto" discutió con el portavoz de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, sobre la legalidad de su acción. Grau se enfrentó, así mismo, al concejal socialista Vicente González-Móstoles, al que acusó de mentir a los vecinos y haber apoyado esos derribos en un pleno. Móstoles respondió mostrando el acta donde se confirma que el PSPV propuso paralizar los derribos en todo el barrio y, "como mal menor", votó la contraoferta del PP de detener los derribos sólo en el BIC.
También se extendía la idea de que todo lo ocurrido ayer había sido programado por el consistorio para tapar el "caso Gürtell". "Con esta actitud de terrorismo el PP quiere tapar las vergüenzas que hoy se hacen públicas", dijo Mónica Oltra.
El juez da vía libre
Al final, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 desestimó la petición de Salvem el Cabanyal -"no está acreditada la urgencia", dice- y permitió seguir adelante con los derribos. Fue entonces cuando la Policía Local asumió el protagonismo de la intervención -la Policía Nacional se quedó en segundo plano- y advirtió a los políticos y a sus guardaespaldas que abandonaran la zona. Ellos se negaron al grito de "esto es ilegal" y en una acción sin precedentes fueron arrastrados violentamente fuera del cordon policial. Primero fue el secretario local del PSPV, Salvador Broseta, y le siguieron González-Móstoles, Marga Sanz y Mónica Oltra, que han anunciado, ambas, la presentación de una denuncia por agresión. Y tras ellos, decenas de vecinos que se resistieron como pudieron antes de ser reducidos.
Siete policías, uno de ellos con rotura de escroto, resultaron heridos, mientras que del lado contrario fueron arrestados dos jóvenes que se subieron al tejado y tuvieron que ser bajados con ayuda de una cesta de los bomberos entre aplausos de los presentes y leves cargas policiales
Eliminado el obstáculo, la pala tiró el edificio y los vecinos se fueron dispersando. Por la tarde, las máquinas tiraron los otros dos inmuebles de San Pedro y Luis Despuig ya casi sin presión.
EL TERROR EN EL CABANYAL
Levanta -MEV.com
Mª Blanca Blanquer
Los que peinan canas regresaban a su juventud en pleno tardofranquiso cuando la demanda de sus derechos y legítimos intereses sólo merecía como respuesta la represión de las fuerzas. Porque ayer se ha repitió en el Cabanyal: un grupo de vecinos afectados por Pepri, amparados por la Orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre pasado, se habían colocado delante de la casa que el Ayuntamiento, contra todo derecho, se había propuesto derribar. No hacían nada, salvo estar allí, cuando la Policía Nacional hizo acto de presencia. La noticia provocó que concejales y diputados de varias formaciones acudieran al lugar de los hechos y fueran víctimas de la primera carga policial que repartió golpes y empujones a diestro y siniestro, derribando a personas de todo sexo y edad, entre ellas la diputada de IU Mónica Oltra, el concejal socialista Vicente González Móstoles, la presidenta de la asociación Salvem el Cabanyal, entre otros, arrastrados por el suelo y sacados por otros para evitar que el tumulto los pisoteara.
Inmediatamente se cortaron los accesos a la calle en que se producía el suceso impidiendo la entrada de vecinos y de quienes, por ejercicio profesional, habían sido reclamados para hacer acto de presencia.
Entendemos la actitud de doña Rita Barberá, la que debería ser alcaldesa de todos los valencianos; deberíamos, aunque no, estar acostumbrados, porque atropella con su probada violencia a quienes se oponen a sus decisiones, caprichos y empeños; porque ella es sólo alcaldesa de quienes le votan, de los especuladores que, cual tiburones, aguardan impacientes a hacerse con la presa barata de los nuevos solares para venderlos a peso de oro; y de quienes llevan dentro a ese pequeño especulador, frecuente en la condición humana, que emerge cuando de la destrucción de viviendas ajenas deriva el sobreprecio de las propias.
Pero no podemos comprender que el delegado del Gobierno, a quien se supone compete hacer cumplir el mandato de todo un ministerio al que debe representar, para que el Pepri no se ejecute; el que forma parte de un partido político cuyo criterio es mantener el barrio; el jefe superior de la Policía Nacional envíe sus huestes y, en el colmo de la incongruencia, permita que utilice la fuerza bruta contra los ciudadanos. Todo ello sin perjuicio de la propia contradicción, porque mientras auxilia a los que atacan a los pacíficos ciudadanos que solo tienen como arma la propia voz, frente los cascos, escudos y porras, solicita del juzgado una medida provisionalísima de paralización del derribo que, según me dicen, ha sido desestimada por la jueza; la misma que debe aplicar el Derecho vigente y por la vía de hecho impedía las bodas de los homosexuales. Me lo dicen; no lo sé. Pero todo es posible.
El Cabanyal, le pese a quien le pese, es un pueblo concreto, con su propia idiosincrasia, un extremo de la capital que a su largo abraza el Mediterráneo. Hace un siglo se anexionó a Valencia por una decisión administrativa. De ella ha recibido el olvido, el menosprecio, hechos voluntarios y tenaces a su degradación para poder destruirla más fácilmente. Seguramente, la decisión fue equivocada porque las líneas delimitativas de una jurisdicción no rompen el espíritu de los pueblos que en el Cabanyal permanece vivo. Es posible que hubiera que revisarla; tal vez el Cabanyal deba volver a ser lo que era, segregarse de los cuervos que pretenden convertirla en despojos para saciar sus estómagos carroñeros.
Mª Blanca Blanquer
Los que peinan canas regresaban a su juventud en pleno tardofranquiso cuando la demanda de sus derechos y legítimos intereses sólo merecía como respuesta la represión de las fuerzas. Porque ayer se ha repitió en el Cabanyal: un grupo de vecinos afectados por Pepri, amparados por la Orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre pasado, se habían colocado delante de la casa que el Ayuntamiento, contra todo derecho, se había propuesto derribar. No hacían nada, salvo estar allí, cuando la Policía Nacional hizo acto de presencia. La noticia provocó que concejales y diputados de varias formaciones acudieran al lugar de los hechos y fueran víctimas de la primera carga policial que repartió golpes y empujones a diestro y siniestro, derribando a personas de todo sexo y edad, entre ellas la diputada de IU Mónica Oltra, el concejal socialista Vicente González Móstoles, la presidenta de la asociación Salvem el Cabanyal, entre otros, arrastrados por el suelo y sacados por otros para evitar que el tumulto los pisoteara.
Inmediatamente se cortaron los accesos a la calle en que se producía el suceso impidiendo la entrada de vecinos y de quienes, por ejercicio profesional, habían sido reclamados para hacer acto de presencia.
Entendemos la actitud de doña Rita Barberá, la que debería ser alcaldesa de todos los valencianos; deberíamos, aunque no, estar acostumbrados, porque atropella con su probada violencia a quienes se oponen a sus decisiones, caprichos y empeños; porque ella es sólo alcaldesa de quienes le votan, de los especuladores que, cual tiburones, aguardan impacientes a hacerse con la presa barata de los nuevos solares para venderlos a peso de oro; y de quienes llevan dentro a ese pequeño especulador, frecuente en la condición humana, que emerge cuando de la destrucción de viviendas ajenas deriva el sobreprecio de las propias.
Pero no podemos comprender que el delegado del Gobierno, a quien se supone compete hacer cumplir el mandato de todo un ministerio al que debe representar, para que el Pepri no se ejecute; el que forma parte de un partido político cuyo criterio es mantener el barrio; el jefe superior de la Policía Nacional envíe sus huestes y, en el colmo de la incongruencia, permita que utilice la fuerza bruta contra los ciudadanos. Todo ello sin perjuicio de la propia contradicción, porque mientras auxilia a los que atacan a los pacíficos ciudadanos que solo tienen como arma la propia voz, frente los cascos, escudos y porras, solicita del juzgado una medida provisionalísima de paralización del derribo que, según me dicen, ha sido desestimada por la jueza; la misma que debe aplicar el Derecho vigente y por la vía de hecho impedía las bodas de los homosexuales. Me lo dicen; no lo sé. Pero todo es posible.
El Cabanyal, le pese a quien le pese, es un pueblo concreto, con su propia idiosincrasia, un extremo de la capital que a su largo abraza el Mediterráneo. Hace un siglo se anexionó a Valencia por una decisión administrativa. De ella ha recibido el olvido, el menosprecio, hechos voluntarios y tenaces a su degradación para poder destruirla más fácilmente. Seguramente, la decisión fue equivocada porque las líneas delimitativas de una jurisdicción no rompen el espíritu de los pueblos que en el Cabanyal permanece vivo. Es posible que hubiera que revisarla; tal vez el Cabanyal deba volver a ser lo que era, segregarse de los cuervos que pretenden convertirla en despojos para saciar sus estómagos carroñeros.
Cinco derribos en el Cabanyal desatan una refriega entre policias y manifestantes
Levante.MEV.com
El Ayuntamiento de Valencia derribó ayer cinco fincas del Cabanyal, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley del Consell que ampara la prolongación de Blasco Ibañez. La policía tuvo que reducir a los vecinos que se oponían.
El conflicto del Cabanyal se convirtió ayer en guerra abierta. La decisión del Ayuntamiento de retomar los derribos se encontró con una fuerte resistencia del barrio y de los partidos de la oposición, cuyos líderes, al igual que decenas de vecinos, terminaron arrastrados por la Policía Local. Despejado el camino, las palas hicieron su trabajo y cinco inmuebles quedaron convertidos en solares, pero el problema permanece. A la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión,los enfrentamientos políticos se agudizan y el deterioro del barrio se acentúa.
La orden del Ayuntamiento de Valencia de derribar cinco viviendas situadas en el casco protegido del Cabanyal, aunque fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), se dio coincidiendo con la entrada en vigor (ayer se publicó en el DOGV) de la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, con la que el Consell ampara la prolongación de Blasco Ibáñez.
A las ocho de la mañana las máquinas de Secopsa, la contrata municipal, ya estaban ante el número 26 de la calle Luis Despuig y el 29 de San Pedro, colindantes uno con otro. Nadie había avisado de nada, sin embargo las vallas de la Policía Municipal prohibiendo el aparcamiento habían alertado a los vecinos, que a través de SMS se convocaron en la zona.
Treinta de ellos se colocaron ante el inmueble para evitar la acción de la excavadora, aunque el fuerte dispositivo antidisturbios de la Policía Nacional los retiró a la fuerza y se procedió al derribo.
La misma acción se repitió dos horas después en el número 15 de la calle Vidal de Cañelles, pero esta vez con el despliegue de muchos más vecinos y de los políticos de la oposición, entre los que estaba casi todo el Grupo Municipal Socialista, así como las diputadas de Compromís y Esquerra Unida Mónica Oltra y Marga Sanz.
Paralelamente, la plataforma Salvem el Cabanyal pedía al juzgado medidas cautelarísimas para detener los derribos y la Delegación del Gobierno anunciaba una iniciativa similar, provocando así el desconcierto de los presentes, que no entendían que el Gobierno ordenara cargar contra los vecinos dos horas antes y ahora intentara detener las máquinas.
Ambos recursos consiguieron, al menos, que el segundo derribo se aplazara a la espera de una decisión judicial. Fueron, de todas formas, horas muy intensas.
El momento de mayor crispación se produjo cuando se presentó ante los vecinos el concejal Alfonso Grau, que entre gritos de «fascista» y «corrupto» discutió con el portavoz de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, sobre la legalidad de su acción. Grau se enfrentó, así mismo, al concejal socialista Vicente González-Móstoles, al que acusó de mentir a los vecinos y haber apoyado esos derribos en un pleno. Móstoles respondió mostrando el acta donde se confirma que el PSPV propuso paralizar los derribos en todo el barrio y, «como mal menor», votó la contraoferta del PP de detener los derribos sólo en el BIC.
También se extendía la idea de que todo lo ocurrido ayer había sido programado por el consistorio para tapar el «caso Gürtell». «Con esta actitud de terrorismo el PP quiere tapar las vergüenzas que hoy se hacen públicas», dijo Mónica Oltra.
El juez da vía libre
Al final, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 desestimó la petición de Salvem el Cabanyal —«no está acreditada la urgencia», dice— y permitió seguir adelante con los derribos. Fue entonces cuando la Policía Local asumió el protagonismo de la intervención —la Policía Nacional se quedó en segundo plano— y advirtió a los políticos y a sus guardaespaldas que abandonaran la zona. Ellos se negaron al grito de «esto es ilegal» y en una acción sin precedentes fueron arrastrados violentamente fuera del cordon policial. Primero fue el secretario local del PSPV, Salvador Broseta, y le siguieron González-Móstoles, Marga Sanz y Mónica Oltra, que han anunciado, ambas, la presentación de una denuncia por agresión. Y tras ellos, decenas de vecinos que se resistieron como pudieron antes de ser reducidos.
Siete policías, uno de ellos con rotura de escroto, resultaron heridos, mientras que del lado contrario fueron arrestados dos jóvenes que se subieron al tejado y tuvieron que ser bajados con ayuda de una cesta de los bomberos entre aplausos de los presentes y leves cargas policiales
Eliminado el obstáculo, la pala tiró el edificio y los vecinos se fueron dispersando. Por la tarde, las máquinas tiraron los otros dos inmuebles de San Pedro y Luis Despuig ya casi sin presión.
El Ayuntamiento de Valencia derribó ayer cinco fincas del Cabanyal, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley del Consell que ampara la prolongación de Blasco Ibañez. La policía tuvo que reducir a los vecinos que se oponían.
El conflicto del Cabanyal se convirtió ayer en guerra abierta. La decisión del Ayuntamiento de retomar los derribos se encontró con una fuerte resistencia del barrio y de los partidos de la oposición, cuyos líderes, al igual que decenas de vecinos, terminaron arrastrados por la Policía Local. Despejado el camino, las palas hicieron su trabajo y cinco inmuebles quedaron convertidos en solares, pero el problema permanece. A la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión,los enfrentamientos políticos se agudizan y el deterioro del barrio se acentúa.
La orden del Ayuntamiento de Valencia de derribar cinco viviendas situadas en el casco protegido del Cabanyal, aunque fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), se dio coincidiendo con la entrada en vigor (ayer se publicó en el DOGV) de la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, con la que el Consell ampara la prolongación de Blasco Ibáñez.
A las ocho de la mañana las máquinas de Secopsa, la contrata municipal, ya estaban ante el número 26 de la calle Luis Despuig y el 29 de San Pedro, colindantes uno con otro. Nadie había avisado de nada, sin embargo las vallas de la Policía Municipal prohibiendo el aparcamiento habían alertado a los vecinos, que a través de SMS se convocaron en la zona.
Treinta de ellos se colocaron ante el inmueble para evitar la acción de la excavadora, aunque el fuerte dispositivo antidisturbios de la Policía Nacional los retiró a la fuerza y se procedió al derribo.
La misma acción se repitió dos horas después en el número 15 de la calle Vidal de Cañelles, pero esta vez con el despliegue de muchos más vecinos y de los políticos de la oposición, entre los que estaba casi todo el Grupo Municipal Socialista, así como las diputadas de Compromís y Esquerra Unida Mónica Oltra y Marga Sanz.
Paralelamente, la plataforma Salvem el Cabanyal pedía al juzgado medidas cautelarísimas para detener los derribos y la Delegación del Gobierno anunciaba una iniciativa similar, provocando así el desconcierto de los presentes, que no entendían que el Gobierno ordenara cargar contra los vecinos dos horas antes y ahora intentara detener las máquinas.
Ambos recursos consiguieron, al menos, que el segundo derribo se aplazara a la espera de una decisión judicial. Fueron, de todas formas, horas muy intensas.
El momento de mayor crispación se produjo cuando se presentó ante los vecinos el concejal Alfonso Grau, que entre gritos de «fascista» y «corrupto» discutió con el portavoz de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, sobre la legalidad de su acción. Grau se enfrentó, así mismo, al concejal socialista Vicente González-Móstoles, al que acusó de mentir a los vecinos y haber apoyado esos derribos en un pleno. Móstoles respondió mostrando el acta donde se confirma que el PSPV propuso paralizar los derribos en todo el barrio y, «como mal menor», votó la contraoferta del PP de detener los derribos sólo en el BIC.
También se extendía la idea de que todo lo ocurrido ayer había sido programado por el consistorio para tapar el «caso Gürtell». «Con esta actitud de terrorismo el PP quiere tapar las vergüenzas que hoy se hacen públicas», dijo Mónica Oltra.
El juez da vía libre
Al final, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 desestimó la petición de Salvem el Cabanyal —«no está acreditada la urgencia», dice— y permitió seguir adelante con los derribos. Fue entonces cuando la Policía Local asumió el protagonismo de la intervención —la Policía Nacional se quedó en segundo plano— y advirtió a los políticos y a sus guardaespaldas que abandonaran la zona. Ellos se negaron al grito de «esto es ilegal» y en una acción sin precedentes fueron arrastrados violentamente fuera del cordon policial. Primero fue el secretario local del PSPV, Salvador Broseta, y le siguieron González-Móstoles, Marga Sanz y Mónica Oltra, que han anunciado, ambas, la presentación de una denuncia por agresión. Y tras ellos, decenas de vecinos que se resistieron como pudieron antes de ser reducidos.
Siete policías, uno de ellos con rotura de escroto, resultaron heridos, mientras que del lado contrario fueron arrestados dos jóvenes que se subieron al tejado y tuvieron que ser bajados con ayuda de una cesta de los bomberos entre aplausos de los presentes y leves cargas policiales
Eliminado el obstáculo, la pala tiró el edificio y los vecinos se fueron dispersando. Por la tarde, las máquinas tiraron los otros dos inmuebles de San Pedro y Luis Despuig ya casi sin presión.
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